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El Periódico Extremadura | Polémica por los créditos Renta Universidad concedidos entre los años 2007 y 2010

Alejandro Contreras: “Si lo llego a saber antes, no pido el préstamo para estudiar un máster”

Un extremeño denuncia que el ministerio y el banco le obligan a pagar el préstamo que le concedieron en 2009 para cursar un máster pese a que no tendría que devolverlo hasta que trabajara y ganara más de 22.000 euros al año, según las condiciones de la convocatoria. En su situación, hay más de un millar de titulados en el país.

Alejandro Contreras Nacarino muestra el título del máster para el que pidió el préstamo. - Foto: FRANCIS VILLEGAS
Alejandro Contreras Nacarino muestra el título del máster para el que pidió el préstamo. – Foto: FRANCIS VILLEGAS

 

Guadalupe Moral | 29/03/2015 | elperiodicoextremadura.com

Alejandro Contreras Nacarino estudió Ciencias del Deporte y Magisterio en la Universidad de Extremadura. Cuando terminó las dos carreras decidió hacer un máster en Salud y Educación Física en Murcia y solicitó para ello la beca préstamo que ofrecía entonces el Ministerio de Educación, una línea de financiación suscrita entre el Estado, algunas entidades y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta unos 20.000 euros que había que devolver a interés cero, pero una vez que el solicitante comenzara a trabajar. La ayuda, llamada Préstamo Renta Universidad (PRU), fijaba incluso que el estudiante no tendría la obligación de devolver el dinero solicitado hasta que no consiguiera un trabajo que le supusiera ganar más de 22.000 euros al año. En el caso de que no se produjera dicha situación en un plazo de 15 años, la deuda quedaría condonada. En las cuatro convocatorias vigentes más de 15.000 universitarios egresados solicitaron dicha ayuda, entre ellos Alejandro que pidió 14.400 euros en el curso académico 2009-2010.

Pero comenzó la crisis y los responsables empezaron a endurecer las condiciones para el reintegro de la ayuda. Alejandro acabó el máster y sigue esperando un empleo, pero hace apenas dos años vio por sorpresa como el banco por el que cobró dicha ayuda, el Santander, le sustraía 120 euros de su cuenta. Y así ocurre desde entonces cada mes aunque este cacereño de 30 años continúa sin trabajo. “Lo está pagando mi madre, que es la única que trabaja en casa. Yo sigo en el paro, no puedo hacer frente al pago porque todavía no tengo las condiciones que se acordaron para realizar esa devolución. Pedí la ayuda para salir fuera y estudiar un máster que me costó más de 3.000 euros y no me ha servido para nada”, lamenta el joven, que aún tiene pendiente unos 10.000 euros. “Y si no pagas una cuota empiezas crear una deuda con la entidad. Me siento engañado”, precisa.

En la misma situación que Alejandro hay más de un millar de jóvenes en España, afectados por lo que parecía una ayuda, pero que en realidad está suponiendo un perjuicio, puesto que muchos de los solicitantes no han logrado ese empleo esperado tras el posgrado.

La beca préstamo se puso en marcha en el año 2007, durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con una dotación de alrededor de 100 millones de euros, y hubo convocatorias anuales hasta el 2010. En ese año, el Gobierno estatal, ahogado por la situación económica del país, endureció las condiciones y estableció que el crédito empezaría a devolverse a los dos años tuvieran los solicitantes trabajo o no, pero los afectados denuncian que la entidad no informó de la modificación de las condiciones. Un año más tarde, en el 2011 se suspendieron los préstamos ICO Universidad y comenzó a formarse una plataforma de afectados a nivel nacional, con más de mil usuarios entre los que se encuentra este cacereño, que reclama el aplazamiento del reintegro de dichos créditos porque muchos de los beneficiarios no disponen del dinero y ni de trabajo.

 

Movilización social

Organizaciones de consumidores como Facua han denunciado al Banco Santander, el principal prestamista, por publicidad engañosa y partidos como Izquierda Plural y UPyD han llevado el asunto al Congreso. El año pasado, la presión, dio un respiro y logró que el Ministerio de Educación retrasara el pago al ICO de cientos de créditos, tanto el periodo de carencia (6 años) y el plazo de amortización (10 años). Pero no es suficiente. “Los bancos no dejaron claras las modificaciones en el momento de firmar los contratos”. “Si llegó a saber la situación por la que estoy pasando por supuesto que no habría pedido el préstamo”, exclama Alejandro.

El ministerio cree que algunos beneficiarios no han utilizado el dinero para costearse los estudios, pero desde la plataforma señalan que los incumplidores son minoría. “Aquí todos queremos pagar nuestros préstamos pero con un trabajo. Pagar sin cobrar es imposible”, señala la plataforma de afectados.

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